Al lado de lo anterior, cruenta también es la situación económica, social y eco ambiental de la población colombiana quien aspira a la Solución Política a través de la Negociación Civilizada como lo enseña el Derecho de Gentes y el mismo orden Iuris Nacional e Internacional que a quien le corresponde hacerlo por ser Estado, y elude los preceptos constitucionales por ejemplo el 22, que prescribe que la Paz es un Derecho y un Deber de Obligatorio Cumplimiento.

Es que hacer apología diaria a la violencia y a la guerra por parte del Estado de liquidar al enemigo, a dar de baja al contradictor, a recompensar económicamente a quien falsamente entregue vivo o muerto al opositor político, demuestra la falta de voluntad de todos los Gobiernos a buscar la Paz, y a seguir sumisos a la vetusta y yankee “Doctrina de Seguridad Nacional” que se inventa para dominar a los pueblos en este tiempo aún a “enemigos internos”.

En Colombia por ejemplo, para nombrar sólo unos pocos Gobiernos sumisos a esa antinacional política, fueron, Turbay Ayala con su Estatuto de Seguridad, César Gaviria con su Guerra Integral, Álvaro Uribe Vélez con su nefasta “Seguridad Democrática”, y ahora Santos con su “Prosperidad Democrática”, políticas todas continuistas hacia la guerra y a la dominación neoliberal, por eso no les conviene la Paz, sino la Guerra para mantener la sumisión a los yankees y la dominación neoliberal-terrateniente contra la población.

Por todo esto en un País donde el índice de homicidios ha aumentado, el desempleo incrementado, la precariedad del trabajo acrecentada, el desarraigo en primer orden del día, crímenes de lesa humanidad y de guerra por doquier que la Fiscalía casi que diariamente, se lee en los Medios, indica Ella que militares aquí, militares allá y acullá son responsables punibles de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como ya popularmente los denominan.

Este lenguaje y práctica militar y de apología a la guerra y a la violencia contradiciendo los postulados Constitucionales y del Derecho Internacional por parte del Gobierno Central lo quieren implementar a través de lesivas reformas constitucionales a través de un Congreso de resquebrajada “unidad nacional” para que mandatarios regionales hagan lo mismo.

Pero se olvida este Gobierno Central que Colombia tiene cerca de 46 millones de habitantes cuya total mayoría ya indignada no resiste más esta catástrofe humanitaria y social, y será esa mayoría popular que se expresa en diferentes procesos de Unidad Popular que también en diferentes formas y niveles de Unidad y movilización impondrá sus reivindicaciones en defensa de las libertades democráticas y los Derechos entre ellos el de la Vida propiamente dicha, la Vida Digna y la Paz con Justicia Social, en esta Patria desangrada que aspira a avanzar económicamente pero con progreso social, cultural, eco ambiental y soberano para toda la población urbana y rural, nacional y extranjera que habita nuestro territorio. Por eso en toda Colombia se prepara la realización del II Paro Cívico Nacional para este año de 2012.

Le he dicho estos días a algunos mandatarios locales, que Ellos han sido elegidos por el pueblo y no por el ejército, pues les he escuchado que repiten lemas militares y no civiles en algunas alocuciones que llama la atención por su ambigüedad o su inmadurez, o también por ser cooptados por el guerrerismo, o por temor reverencial no tienen la capacidad de entender que esos Gobernantes Locales deben jugar un papel histórico e importante por la Paz, o sino pasarán a la historia como los “nuevos chulavitas”.

Es el momento ahora cuando toda la población colombiana en sus diferentes organizaciones actúe decididamente por la defensa de los Derechos y exija que prevalezca ese Artículo Constitucional 22 que todos los Gobernantes siempre vulneran, que ordena diciendo que la Paz es un Derecho y un Deber de Obligatorio Cumplimiento.

Si seguimos así, puede algún día, como torpemente dijo sacando del armario de clase Pacho Santos, Primo del Presidente que había que electrocutar a los estudiantes y académicos por ejercer el Derecho a la Protesta y a la Propuesta, podemos llegar, sino atajamos esta ola violenta de terrorismo de Estado a que “para acabar con la pobreza se debe matar a todos los pobres” cosa igual a las limpiezas sociales que para acabar con la delincuencia “se debe matar a todos los delincuentes” como ha ocurrido múltiples veces en Colombia. Hay que evitar ese salvajismo fascista se pueda imponer en Colombia.

Por eso y como la lucha por los Derechos y por la Paz con Justicia Social no es propiedad privada de alguien en especial, sino un anhelo y reivindicación popular y nacional, es que afirmamos y llamamos a favorecer la consigna para que Los Derechos a la Paz y a la Vida sean Imperativos en Colombia y no esta guerra y desigualdad social que nos quieren imponer desde adentro y fuera del País, tanto el Gobierno y el Departamento de Estado yankee quienes impulsan la guerra y la agresión en todo el planeta.

El Gobierno no tiene asidero jurídico nacional ni internacional para seguir en guerra y menos tiene el apoyo popular que sólo aspiramos a la Paz con Justicia Social.

Desde el Valle del Cauca impulsamos y coadyuvamos toda posibilidad de Paz en Colombia y valoramos como punto de partida el Ficto Acto Administrativo en que se ha convertido la Agenda Común Para una Nueva Colombia firmada por el Gobierno del Dr. Andrés Pastrana y las Farc-Ep en el Caguán, experiencia valiosa que se debe tener en cuenta y nunca desestimar. La Población Colombiana nos merecemos la Paz con Justicia Social y nunca esta guerra que nos quieren perpetuar.

Llamar a la guerra es ilegítimo e ilegal en estos momentos.

¡El Diálogo es el Camino!

Athemay Sterling Acosta

Enero 11 de 2012

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/frente-sexto-de-las-farc-dice-al-presidente-santos-que-es-momento-de-hablar-de-paz/20111223/nota/1596699.aspx

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10799385.html